jueves, febrero 22, 2024
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Al menos 46 muertes dejan choque entre pandillas en prisión femenina de Honduras

En esta cárcel también hubo un incendio, en un inicio se había informado que eran 41 mujeres fallecidas. Honduras es considerado, uno de los países con mayor nivel de violencia penitenciaria, que totaliza más de 1.000 muertos en veinte años.

Tegucigalpa, Honduras. – El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, afirmó este miércoles a AFP que «46 es el total de cuerpos ingresados ​​a Medicina Forense», por el enfrentamiento de la víspera entre pandillas rivales en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) de Támara, 25 km al norte de Tegucigalpa.

De acuerdo con las autoridades, las reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieron disparando con armas de grueso calibre en el edificio donde se ubican sus rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13) y posterior le prendieron fuego.

La portavoz de la Dirección de Medicina Forense, Issa Alvarado, informó que hasta en la mañana de este miércoles habían identificado 23 cuerpos y entregados a los familiares.

Cientos de parientes acudieron afuera de la Dirección de Medicina Forense mientras los médicos forenses seguían identificando los cuerpos.

«No sé si mi hija murió acribillada o apuñalada», expresó entre lágrimas a medios locales Olga Castro, que perdió a Jenny Patricia Castro, de 44 años. «Dicen que escuchaban que ellas gritaban que les abrieran los portones porque en el módulo 1, en el que estaba ella, le echaron llave por fuera cuando se estaban quemando».

«Nadie se asomó a abrirles los portones, que se haga justicia, no son animales las que mataron a esas muchachas» de la 18, clamó.

Presidenta anuncia medidas drásticas

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se declaró en Twitter «conmocionada» por el «monstruoso asesinato de mujeres (…) planificado por maras» y anunció medidas «drásticas».

Una de ellas fue destituir al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y reemplazarlo por el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.

Desde abril, Castro había nombrado interventora de las cárceles a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, después de que varios enfrentamientos registrados en cuatro cárceles dejaran un muerto y siete heridos.

Según amplia la AFP, la viceministra anunció entonces un plan para controlar las 26 prisiones del país, ocupadas por unos 20.000 internos, que incluye un «desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes» y «el bloqueo total de la señal telefónica» para evitar que los reos sigan delinquiendo desde las cárceles.

En diciembre pasado, Castro declaró un «estado de excepción» para enfrentar a las violentas pandillas, en una medida que se asemeja a las impuestas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hace más de un año, aunque con menos acciones y resultados que en territorio salvadoreño.

Villanueva sostuvo que el incidente en la cárcel de mujeres «es un ataque contra el gobierno» por «las acciones emprendidas» contra la delincuencia.

«Ante una acción siempre hay una reacción, ella [Villanueva] puede hacer lo humanamente posible por tratar de frenar el ingreso de estas armas», pero «más bien como que se ha empeorado la cosa», explicó a la AFP el criminólogo Gonzalo Sánchez.

“Desde hace 30 años el crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas MS y la 18 han sembrado el terror. Se ha vuelto esto un monstruo de mil cabezas hoy día, que es difícil combatir”, agregó.

El propio expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos acusado de delitos de narcotráfico en abril de 2022, un año después de que su hermano Tony fuera sentenciado a cadena perpetua por tráfico de drogas en Nueva York.

Los fiscales estadounidenses afirman que Hernández se convirtió a Honduras en un «narcoestado» que involucra a militares, policías y civiles.

Universidades del crimen

Sáchez lamentó que los «centros penitenciarios se han convertido ahora en universidades del crimen» donde se planifican masacres, asesinatos secuestros y todo, esto con la complicidad de las autoridades».

«Autoridades encargadas de la protección o vigilar estos centros penitenciarios (…) se prestan para introducir armas de fuego, pistolas, revólveres, fusiles, explosivos y municiones», deploró.

«Es como las hormigas, si usted revuelve un nido de hormigas más se revuelven, entonces pareciera más bien que el haber nombrado esta comisión (…) ha traído un malestar entre los privados de libertad» porque «ellos tienen poder, entonces por eso es que se han cometido este tipo de asesinatos», añadió.

Derechos humanos

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) llamó en un tuit al Estado de Honduras «a investigar los hechos, prevenir su repetición y proteger la vida de las personas privadas de libertad».

«El país incurre en responsabilidad internacional cuando se violentan los derechos humanos de los privados de libertad», afirmó el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) también en un Twitter.

“Se estima que al menos 1.050 personas privadas de libertad perdieron la vida violentamente en los centros penitenciarios de Honduras desde 2003”, denunció Conadeh.

La mayor tragedia ocurrió el 14 de febrero del 2012, cuando en la prisión de Comayagua, unos 50 km al norte de la capital aparecieron calcinados 362 reos.

Con información de Noe LEIVA Fotos: AFP

nl/ll/ltl

© Agencia France-Presse

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