La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, inició su mandato este 8 de mayo firmando tres decretos ejecutivos clave durante su primer Consejo de Gobierno, formalizando así el comienzo de su administración, que se extenderá hasta 2030.
Redacción: Diario El Periodista Fotos: Redes Sociales
Estas primeras acciones, anunciadas en una ceremonia pública en el Estadio Nacional de San José, buscan marcar un punto de inflexión tanto en la política penitenciaria como en la agenda legislativa bajo control estatal.
Un elemento distintivo de este conjunto de decretos es el nuevo reglamento carcelario que establece que “el año carcelario es de 360 días”, una reforma que elimina la modalidad anterior en la que el cómputo se realizaba en ocho meses, y que según Fernández no dejará “espacio para interpretar en menos días el año de condena para los que nos quitan la paz y nos roban la seguridad”.
Con este cambio, las autoridades judiciales verán acotada su discrecionalidad para anticipar la liberación de personas privadas de libertad, una medida que la mandataria justificó como respuesta directa al crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico: “No los queremos en Costa Rica, y una vez más se los digo, no los queremos en Costa Rica al crimen organizado y al narcotráfico”, afirmó Fernández, durante su primer discurso a la nación.
La medida forma parte de una estrategia para disuadir a redes de criminalidad organizada y limitar los beneficios penitenciarios, buscando restaurar la confianza en el aparato judicial. La presidenta insistió en que “a partir de este momento, el año carcelario será de 360 días naturales”, reforzando así la literalidad del cumplimiento de condenas como efecto disuasivo ante delitos de alto impacto.
El tercer decreto corresponde a la convocatoria de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, mediante el cual el Gobierno toma el control de la agenda legislativa durante tres meses en comisiones y plenario, algo permitido en periodos de transición y que otorga a la presidenta la facultad de priorizar iniciativas estratégicas.
La mandataria costarricense expresó su entusiasmo particular por esta medida, ya que incluirá proyectos que, en su opinión, fueron bloqueados por “mezquindad política” durante la administración previa.
Entre las propuestas convocadas se encuentran la construcción de la Marina y Terminal de Cruceros de Limón, la aprobación del megaproyecto Ciudad Gobierno, y la explotación minera de Crucitas. Todas fueron impulsadas sin éxito por Rodrigo Chaves Robles —exmandatario hoy juramentado como ministro de la Presidencia y designado como enlace directo entre Congreso y Casa Presidencial— y requieren mayoría simple (29 votos) para su aprobación.
Con información de infobae.com
