El Ministerio de Educación y la Defensoría del Consumidor garantizan derechos de los padres de familia como consumidores de servicios educativos privados. Han recibido 513 quejas de padres de familia sobre obligatoriedad en la compra de libros impresos y digitales a costos altos.
Redacción Fotos: cortesía MINED
La Ministra de Educación, Carla Hananía, y el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Arturo Salazar, informaron en conferencia de prensa las acciones que ambas instituciones del Estado llevan a cabo, de manera conjunta, para garantizar y proteger los derechos de los padres de familia como consumidores de servicios en instituciones educativas privadas.
La crisis económica causada por la pandemia del COVID-19 ha afectado los bolsillos de los padres de familia, sobre todo de quienes han matriculado a sus hijos en colegios privados. En los últimos días, se han incrementado las denuncias de instituciones privadas; por tal razón, el Ministerio de Educación (MINED) junto a la Defensoría están trabajando de manera coordinada para velar porque se cumplan los derechos de los padres de familia.
«Hemos recibido 513 quejas de padres de familia sobre la obligatoriedad en la compra de libros impresos o digitales, con costos elevados. También hemos recibido denuncias sobre la obligatoriedad en la compra de uniformes de uso diario. Le recuerdo a los propietarios de colegios que el Artículo 100-A de la Ley General de Educación señala que todo centro privado de educación que ejecute aumentos de matrículas o cuotas en contravención a esta ley, previa comprobación, será sancionado», enfatizó la ministra Carla Hanania de Varela, este martes.
La titular del ramo añadió que la primera vez, la multa es de al menos $5,000. En casos de reincidencia, la multa es de $10,000 y “cuando la infracción fuera una tercera vez se hará la revocatoria de la autorización del funcionamiento. Esta misma ley señala en su Artículo 98 en su literal “f” como una falta muy grave “Obligar a los alumnos o padres de familia a adquirir en la tienda escolar del centro educativo, útiles, vestuario, artículos y enseres que demande dicha institución”.
Por su parte, el director de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, explicó que la institución realiza sondeos a nivel nacional, donde “hemos visto una situación estable en los precios de los útiles escolares, al igual que con las tablets y computadoras. Estamos estableciendo una coordinación con el Ministerio de Educación para fortalecer un servicio educativo de mayor calidad y evitar abusos contra la población.”, acotó Salazar.
Call center reciben 513 quejas de padres de familia
El call center habilitado por el MINED ha registrado, entre el 8 y 11 de enero, 513 quejas de padres de familia sobre la obligatoriedad en la compra de libros impresos o digitales y con costos elevados; además, se han recibido denuncias sobre la obligatoriedad en la compra de uniformes de uso diario, exigencia en la compra de materiales de limpieza, kits de bioseguridad, entre otras. También se registran 38 denuncias de incrementos de colegiaturas y matrículas.
La compra de un uniforme no debe condicionar la prestación de un servicio educativo, ni tampoco el uso de libros de cierta editorial debe incidir en los aprendizajes que los estudiantes van a asimilar durante el año escolar. Todos los materiales educativos son para apoyar los procesos de aprendizaje, pero no pueden presentar una carga desproporcionada para las familias.
El hecho de condicionar la matrícula de los alumnos con la compra de productos escolares en una institución (o en un determinado lugar) es una situación regulada y multada por la Defensoría del Consumidor.
En cuanto a las cuotas escolares, ninguna institución privada está autorizada para incrementar las cuotas de matrícula o de las mensualidades, sin antes haberlo consultado en una asamblea de padres de familia. Además, todo incremento en cuotas siempre debe estar vinculado con la mejora en el servicio educativo que se brinda.
El MINED les recuerda a los padres de familia que, así como tienen derechos como consumidores, también tienen deberes como tal. Por ello, si han asumido un compromiso con la institución educativa privada donde han matriculado a sus hijos, deben cumplir con dichos compromisos.
